Pedro Sánchez está decidido a acometer un nuevo pago a los independentistas. Esta vez, para que Salvador Illa sea el próximo presidente de la Generalitat. Conel caramelo de la "financiación singular" para Cataluña, el presidente del Gobierno trata de persuadir a una ERC que, conforme pasa el tiempo, va dando síntomas de querer volver a las urnas en Cataluña.
La enésima cesión que podría canjear el Estado a la comunidad catalana es una reivindicación histórica de los partidos secesionistas que, ahora, el PSC ha asumido como propia, con la aquiescencia del Ejecutivo y el recelo de casi todos los barones territoriales del PSOE.
La apuesta es arriesgada. Para empezar, porque una reforma del modelo de financiación como la que está sobre la mesa requiere de un arduo proceso para llegar a materializarse. ElMinisterio de Hacienda primero tendría que llevar una propuesta al seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se sientan todas las comunidades autónomas.
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Se trata de un trámite fácil de solventar, porque el Gobierno cuenta con un voto de calidad. Pero, después, llegaría la segunda parte: la legislativa. Para articular cambios en la financiación autonómica, es ineludible el paso por las Cortes, que se han convertido en un viacrucis para Sánchez, por la evidente falta de apoyos en el Congreso y la mayoría absoluta del PP en el Senado.
A esto hay que añadir que la intención manifiesta de Sánchez de privilegiar a Cataluña solivianta, y mucho, a los dirigentes territoriales del PSOE. Incluso a aquellos que predican una fe ciega hacia el presidente del Gobierno, como es el caso del secretario general de la formación en Andalucía, Juan Espadas.
Desde que María Jesús Montero, en una entrevista en la radio pública la semana pasada, dejó la ventana abierta a que el Gobierno premie a Cataluña con una "financiación singular", no han dejado de producirse las reacciones en las distintas federaciones socialistas.
En Moncloa defienden que "Cataluña tendrá que ver satisfechas sus necesidades y las competencias singulares que tiene". Illa, por su parte, asume un discurso pintiparado al del nacionalismo y este fin de semana, en un acto de partido, proclamó: "Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos [al Estado] y la número 14 a la hora de recibirlos".
Críticas de los barones
Pero la determinación de Sánchez por privilegiar a su nuevo fortín con tal de sumar a su menguante cuota de poder territorial una comunidad clave, le abre un cisma en el resto de territorios. Algunos con más énfasis, otros con la boca chica, lo cierto es que buena parte de los barones del PSOE han alzado la voz contra la financiación singular en estos días.
Como acostumbra, el más vehemente a la hora de rechazar la propuesta de financiación singular para Cataluña fue el barón díscolo de los socialistas. Desde el "extrarradio" de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, explotó: "Solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos".
Le siguió, en unos términos muy distintos, pero también críticos, el presidente de Asturias, Adrián Barbón, quien demandó que "cualquier modificación futura del sistema de financiación" pase "por una negociación con todas las Comunidades". Misma postura que la de otros tantos: el PSOE extremeño, el andaluz, o el de Murcia.
En la otra orilla, las doce comunidades gobernadas por el PP, directamente se rebelaron con el plan de Sánchez para aupar a Illa a la presidencia del Govern. Desde San Telmo, Juanma Moreno amenazó con sacar toda su artillería para "impedir" que se cometa una nueva "injusticia" con Andalucía.
En la Comunidad Valenciana, el presidenteCarlos Mazón habló de una "humillación para todos los españoles" y advirtió de que, "si se avanza en ese camino y se concreta en algo", su comunidad también plantaría batalla. Todo, dijo, para frenar una "deriva inédita en desigualdad".
La revuelta, que trasciende a las siglas del PSOE, dibuja una realidad difícil de encajar para Sánchez: todo lo que haga para contentar a ERC y así lograr que facilite la investidura de Illa como president, le acarreará un elevado peaje en el resto de territorios, que empiezan a convertirse en su talón de Aquiles, como se pudo comprobar en las últimas elecciones europeas.
Para más inri, ni siquiera la oferta de una financiación singular termina de convencer a los republicanos catalanes que, capitaneados por Marta Rovira, doblan la apuesta y exigen, directamente, un concierto fiscal para Cataluña como el que recoge la Constitución para el País Vasco y Navarra.
